Los clubes de usuarios de cannabis en Barcelona, la ciudad española con mayor número de asociaciones de este tipo, se preparan para una importante batalla legal contra el ayuntamiento, dirigido en minoría por el PSC. Esto ocurre tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el plan municipal que regulaba estas entidades, lo que ha llevado al consistorio a ordenar el cese de su actividad, después de que estas asociaciones realizaran costosas reformas para cumplir con las normativas.
Esta situación podría generar un conflicto considerable, ya que afecta a numerosas personas implicadas en un modelo de consumo compartido y responsable de cannabis, que nació en España y ha sido adoptado en otros países. Alemania, por ejemplo, está basando su futura regulación del cannabis en este modelo.
En 2016, Barcelona contaba con 210 asociaciones de usuarios de cannabis. Aunque hoy en día quedan unas 180, estas todavía reúnen a miles de socios. Sin embargo, algunas de ellas han desviado su enfoque del club social hacia un modelo más comercial, centrándose más en tener clientes que en mantener la esencia original de la asociación.
El plan municipal, que fue aprobado en 2016, imponía varias condiciones a los clubes, como un máximo de 200 metros cuadrados de superficie, una doble puerta de entrada, chimeneas para la ventilación, y una distancia mínima respecto a centros educativos. Estas exigencias supusieron reformas que oscilan entre los 30.000 y 60.000 euros, llegando en algunos casos a los 100.000 euros. Ahora, las asociaciones temen haber perdido este dinero si no se les permite continuar con sus actividades.
Según ha informado el medio Público, varias asociaciones ya están preparando demandas contra el ayuntamiento por los daños y perjuicios causados por las reformas que se vieron obligadas a realizar para cumplir con la normativa municipal. Si las 180 entidades actualmente activas presentaran demandas, las compensaciones podrían alcanzar los diez millones de euros.
El despacho de abogados de Oriol Casals, que representa a dos asociaciones que han recibido notificaciones del ayuntamiento, está evaluando la presentación de estas reclamaciones. Aunque el consistorio aún no ha revocado ninguna licencia ni ordenado clausuras formales, las cartas informativas ya han generado preocupación en las asociaciones, que planean reclamar daños en cuanto se inicien los expedientes de cierre.
Oriol Casals fue uno de los promotores de la iniciativa legislativa que llevó en 2017 a la aprobación de una ley catalana para regular las asociaciones de cannabis, aunque esta fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional. Casals lamenta que se esté perdiendo la oportunidad de consolidar un modelo que ha sido adoptado en otros países europeos, como Alemania, mientras en Cataluña se retrocede en su aplicación.
El abogado también critica el giro que ha dado el PSC, que apoyó la ley de asociaciones en el Parlament catalán, pero que ahora, desde el gobierno municipal de Barcelona, promueve el cierre de los clubes de cannabis. En su opinión, los problemas asociados al cannabis provienen de su ilegalidad y del cultivo clandestino, no de los clubes regulados.
Por su parte, el ayuntamiento alega que debe cumplir las sentencias judiciales que anularon la normativa municipal y que las asociaciones ya no pueden promover el consumo de cannabis. Solo pueden funcionar como clubes privados, según la legislación vigente en Cataluña. Además, las autoridades aseguran que las inspecciones ya no permiten el consumo ni el autocultivo en los locales, aunque no se han proporcionado cifras sobre cuántos clubes han sido cerrados.
En julio de 2021, el ayuntamiento emitió una nota de prensa en la que advertía que las asociaciones debían adaptarse a la nueva situación legal. También anunciaba la creación de un grupo de trabajo para proponer cambios legislativos. No obstante, hasta la fecha, no ha habido avances en este sentido, a pesar de la resolución aprobada por el Parlament en febrero de 2023, que insta a la Generalitat a incluir a estas asociaciones en sus planes de adicciones y a crear un marco regulador más seguro.
La Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (Catfac) ha criticado la postura del ayuntamiento, calificándola de contraria a la dirección marcada por el Parlament. Además, señalan que algunos clubes se han alejado de los valores originales del modelo asociativo, centrándose en objetivos económicos y comerciales, lo que ha provocado intrusismo en el sector.
En España, según un informe de 2022, existen aproximadamente 1.500 asociaciones de usuarios de cannabis, con una media de 300 a 400 socios cada una y dando empleo a unas 7.500 personas. Si estas actividades fueran reguladas, podrían generar casi 219 millones de euros en impuestos.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 2020, destacó que los clubes de cannabis carecen de una regulación legal completa, y advirtió que su actividad podría entrar en conflicto con el Código Penal. Además, aunque la normativa municipal de Barcelona fue anulada, las reformas exigidas a las asociaciones siguen siendo un tema de debate, ya que podrían ser utilizadas como argumento en las demandas contra el ayuntamiento.
