El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a notificar a varios clubes de cannabis de la ciudad que deben cerrar sus puertas, tal como ha confirmado elDiario.es. Hasta el momento, ya son 30 establecimientos los que han recibido esta advertencia, dentro de una campaña que se espera que afecte a una buena parte de estos espacios en la capital catalana.
Albert Batlle, teniente de alcaldía y concejal de seguridad, había señalado a finales del año pasado su intención de clausurar los más de 200 clubes de cannabis que operan en la ciudad, que desde hace más de diez años se han convertido en uno de los principales puntos de acceso a esta sustancia para sus usuarios.
"Queremos hacerlo con seguridad jurídica, con rigor y sin apresuramientos", afirmó Batlle a finales de 2023, manifestando su deseo de "cerrarlos todos".
En paralelo al anuncio de Batlle, la Guàrdia Urbana de Barcelona inició una serie de inspecciones a medio centenar de clubes de cannabis hacia finales de 2023, con controles de vigilancia también en sus alrededores, según consta en la documentación revisada por este medio.
Durante estas inspecciones, los agentes interrogaban a los miembros de estas asociaciones al salir, para obtener información sobre las actividades que se realizaban en su interior y determinar si se estaba adquiriendo o consumiendo cannabis y si los usuarios no estaban empadronados en la ciudad.
Los expedientes de cierre enviados a estos establecimientos otorgan un plazo de 10 días para presentar alegaciones, tras el cual se decidirá si el cierre es definitivo o temporal, con una duración de entre seis meses y dos años.
Desde el consistorio afirman que se mantendrán las inspecciones a estas asociaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. A día de hoy, los clubes de cannabis en Barcelona podrían estar en riesgo de desaparecer.
En 2021, el Tribunal Supremo confirmó un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anulaba la normativa aprobada en 2016 por el Ayuntamiento, la cual había sido apoyada ampliamente en el pleno y regulaba el funcionamiento de estos locales, estableciendo requisitos como la distancia respecto a colegios y otros servicios, condiciones de acceso y ventilación, entre otros.
Tras la decisión del Supremo, el último respaldo legal de estos espacios desapareció. El Ayuntamiento envió una notificación a los clubes indicando que, a partir de entonces, solo podrían "proporcionar información, realizar estudios, expresar opiniones sobre el tema y organizar seminarios" sobre el cannabis.
A pesar de esto, muchos de estos clubes continuaron operando como lo hacían antes, permitiendo el consumo y adquisición de cannabis en su interior, aunque algunos empezaron a limitar su acceso. El Ayuntamiento intensificó entonces las inspecciones, lo que ha llevado a la actual campaña de cierres en la ciudad.
“No estamos de acuerdo con que se judicialice esta cuestión y creemos que no resolverá el problema”, indican fuentes de CATFAC, una federación que agrupa a varias asociaciones de consumidores de cannabis.
Aunque el Ayuntamiento sostiene que ha intervenido en los clubes "más problemáticos" de la ciudad, diversos representantes del sector cannábico expresan su descontento por el hecho de tratar a todas las asociaciones por igual.
En esta campaña de cierres, también se han intervenido asociaciones que tenían un historial de colaboración con las autoridades y que participaban en programas de reducción de riesgos en la ciudad. En algunos casos, incluso se trataba de clubes que solo ofrecían productos con CBD, una sustancia no psicoactiva y no fiscalizada, y que a pesar de ello recibieron órdenes de cierre.
El responsable de una de estas asociaciones declaró: “El año pasado pagamos 240.000 euros en impuestos y empleamos a 20 personas. Parece que el Ayuntamiento prefiere que ese dinero termine en manos del mercado negro”.
El contraste entre la situación de estos clubes en Barcelona y su reconocimiento internacional es notable. Varios países que están desarrollando marcos regulatorios —como Alemania, Suiza, Malta o República Checa— han tomado como modelo el sistema de asociaciones de cannabis.
En enero pasado, coincidiendo con el inicio de las inspecciones, cientos de académicos y ONG de 53 países enviaron una carta al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, instándole a abandonar su “postura regresiva” contraria a los avances en políticas de drogas a nivel mundial.
La misiva argumentaba que los clubes sociales de cannabis priorizan la salud pública y los derechos humanos sobre la criminalización, y ayudan a alejar el consumo del mercado ilegal y sus peligros asociados.
Además, la ofensiva de Batlle contrasta con la visión del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, que financia programas de reducción de riesgos para consumidores de cannabis en el interior de estos clubes.
